La Justicia ante Ganancias: debut con 100 sueldos en Río Negro y Neuquén

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Un centenar de jueces, funcionarios y empleados judiciales provinciales con nombramientos previstos en el 2017 serían los primeros en pagar el Impuesto a las Ganancias en la región.

En Neuquén son 17 las vacantes a cubrir, correspondientes a designaciones a cargo del Consejo de la Magistratura.

En Río Negro la cifra es mucho más amplia, porque suman 78 los casilleros vacíos en diferentes estructuras del Poder Judicial, que piensan cubrirse durante el año próximo.

La quita estimada iría desde los 6.000 hasta los 14.000 pesos mensuales, con variaciones relacionadas con los ingresos brutos y la conformación familiar.

En Neuquén, además de los 17 puestos de magistrados, fiscales y defensores a seleccionar, hay que contar las vacantes que se generen por jubilaciones, ascensos, o eventualmente los cargos que surjan de la reforma del Código Procesal Civil que está pendiente en la Legislatura.

“Lo venimos charlando durante todo este año. Lo que ha decidido la FAM (Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial) es acatar lo que diga la Corte Suprema. En ese sentido la Corte, los últimos dos ministros y Highton (Elena) también se han pronunciado en el sentido de que los jueces tienen que pagar Ganancias, pero lo que se ha aclarado bien siempre es que se pague Ganancias, pero sin afectar la intangibilidad”, aseguró el presidente de la Asociación de Magistrados de Neuquén, Richard Trincheri.

En Río Negro el Colegio de Magistrados y Funcionarios tiene una postura más rígida.

El presidente de la entidad, Héctor Leguizamón Pondal, sostuvo ayer que “es un problema que tiene una profundidad mucho más grande de la que se le está dando; y sobre todo con un eslogan, que dice que los jueces no pagamos impuestos”.

“Los jueces sí pagamos impuestos. Inmobiliario, patentes, el IVA del 27 en comunicaciones, el 21% en alimentos… o sea que no estamos exentos de la contribución. Pero no pagamos ese tipo de impuesto porque aparece un sistema de dominación indirecto para perder la independencia del Poder Judicial”, argumentó.

Para adelante

La nueva ley de Ganancias, que ya fue publicada en el Boletín Oficial, establece que deberán pagar el impuesto los “magistrados, funcionarios y empleados del poder judicial de la Nación y de las provincias y del ministerio público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive”.

El Centro de Información Judicial, la agencia de noticias del poder judicial, publicó en su sitio web que esto debe interpretarse como “quienes ingresen en el año 2017 pagan, los anteriores están exentos.”

Trincheri dijo que, por el momento, no están pensando atacar judicialmente la ley: “es mas o menos la solución que se dio en Estados Unidos. El argumento es que vos entrás como juez y ya sabés que te van a cobrar. Y a los que ya estaban no, porque afectaría la intangibilidad. Se va a acatar lo que diga la Corte.”

Una de las razones que sostuvieron por años los magistrados para no pagar Ganancias es que cualquier afectación a su remuneración iba en desmedro de la independencia judicial, ya que los hacía más proclives a las influencias.

Según un cálculo estimado un juez que jure en su cargo el año próximo casado con dos hijos podría pagar alrededor de 11.587 pesos de Ganancias, mientras que un soltero 14.207 pesos. Un fiscal del caso o un defensor casado con dos hijos abonaría 6.786 pesos y un soltero 9.406 pesos.

Jueces y funcionarios
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son las designaciones que el Consejo de la Magistratura de Río Negro tiene previstas hasta el momento para el 2017.
“Hay una imposición. Que paguen los nuevos no es el tema. Es una cuestión institucional vinculada a la independencia judicial”.
Leguizamón Pondal, titular del colegio rionegrino.
“No se trata de un bolsillo de orden particular”
“Somos partidarios de que el impuesto tuviera otro tipo de determinación. Como está diagramado y como fue diseñado, no correspondería hacer la aplicación a ningún tipo de asalariado. Pero como la idea del impuesto es otra, porque es un impuesto a los ingresos, entonces tiene un rótulo distinto de lo que pretende gravar”, sostuvo el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Río Negro, Héctor Leguizamón Pondal.
Para el camarista barilochense, el proyecto aprobado recientemente por el Congreso “disimula” el impacto sobre el Poder Judicial, incluyendo sólo a quienes ingresen desde el 2017.
“Pero la Justicia de aquí en adelante también será un institución. No se trata de un bolsillo de orden particular. Se trata de una relación de carácter institucional”, opinó Leguizamón Pondal, quien no está de acuerdo con la postura de la Corte Suprema y lo hizo saber a mediados del año pasado.
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