El lunes se sabrá si extraditan a Chile a Facundo Jones Huala

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“No quiero que me extraditen” dijo el lonko mapuche al juez Villanueva en el extenso juicio que se prolongó por 12 horas. El fiscal considera procedente el pedido formal del Estado chileno.

Levantó su brazo derecho con el puño apretado y sonrió como gesto de despedida. Del otro lado del vallado, sus familiares y autoridades de la comunidad mapuche respondieron con un fuerte ¡Marichi Weu! Facundo Jones Huala se retiró del gimnasio 3 de esta ciudad, en medio de un celoso operativo de seguridad, que incluyó cientos de efectivos de fuerzas federales, con la preocupación de que su extradición a Chile está demasiado cerca. Más aún, tras el pedido del fiscal federal Jorge Bagur Creta que consideró que es procedente la extradición de Jones Huala para que comparezca ante la justicia chilena por los delitos de incendio en lugar habitado y tenencia de armas de fabricación casera. El lunes a las 11 se conocerá la resolución del juez federal Gustavo Villanueva. Aunque se podrá apelar ante la Corte Suprema.

El fiscal desestimó extraditar a Jones Huala por los delitos de posible tenencia de cartuchos de escopeta calibre 12 y por haber entrado a Chile de manera clandestinainfringiendo la ley de extranjería del vecino país, porque no son conductas delictivas en Argentina.

La piedad

“No quiero que me extraditen. Muchos quizás pensarán que me mandan con mi gente, porque allá igual hay mapuches, pero no voy a ir a una comunidad, me mandan a una cárcel privada, en un contexto de represión política muy grande”, sostuvo Jones Huala casi al finalizar la audiencia, que se prolongó durante 9 horas. “No voy a pedir piedad jamás, Ni aquí, ni en Chile, ni en ningún lado. Hagan lo que quiera, lo que su conciencia les dicte”, afirmó Jones Huala.

La abogada Sonia Ivanoff, que defiende a Jones Huala, planteó la nulidad del proceso por irregular. Advirtió que no es procedente la extradición porque no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho. Sostuvo que se trata de delitos políticos los que le atribuyen al lonko de la comunidad Pu Lof Cushamen. Y advirtió que es un caso de persecución política.

Como última opción, la defensora solicitó que Jones Huala sea juzgado por los delitos que se le imputan en Argentina. Y que se tome en cuenta todo el tiempo que lleva en prisión preventiva. Jones Huala está detenido desde el 27 de junio pasado, pero antes ya había cumplido otros meses en prisión.

También, el fiscal pidió tener en cuenta esa situación. Bagur Creta dijo que la decisión final para que sea juzgado en la Argentina la tiene el Ejecutivo nacional.

Operativo inédito

La audiencia había comenzado a las 10.10 después de una previa donde hubo extremas medidas de seguridad. Hubo una máquina parta detectar metales en el ingreso al gimnasio donde los periodistas tuvieron que pasar todas sus herramientas de trabajo y cualquier objeto metálico.

En el predio había policías de la PSA, de la Policía Federal y gendarmes ubicados en lugares estratégicos. A unos 200 metros estaba el acampe de los integrantes de la comunidad mapuche y de militantes de organizaciones sociales, de derechos humanos, gremiales y de partidos políticos que se congregaron desde la víspera para repudiar el juicio de extradición contra Jones Huala.

A las 8.30 retumbó en el gimnasio, que estaba casi vacío. El sonido del helicóptero que trasladó a Jones Huala desde el penal de Esquel quebró el silencio que imperaba en el gimnasio y fotógrafos y camarógrafos saltaron de sus sillas. Hubo movimientos para tratar de captar alguna imagen, pero el dispositivo de seguridad impidió salir al patio a registrar el arribo de Jones Huala.

El líder mapuche entró al gimnasio minutos después con un casco en la cabeza y acompañado de varios efectivos del Grupo Especial de Intervención (GEI) del Servicio Penitenciario Federal.

Jones Huala recién entró a la improvisada sala de audiencias a las 10.15. Se ubicó en su silla, sonrió para los camarógrafos y fotógrafos, que se agolparon sobre el vallado. Tomó un vaso de agua y roció con algunas gotas su cabeza y arrojó al piso otras, a modo de ceremonia.

Villanueva, enfundado en un prolijo traje azul, se ubicó en su cómodo sillón y la audiencia comenzó a las 10.20.

Público restringido

Sólo 25 personas fueron autorizadas a presenciar la audiencia, que estuvo custodiada por casi 20 efectivos de la PSA. La madre de Jones Huala, María Isabel Huala, su abuela y otros familiares estaban en el público. También Nora Cortiñas de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, y otros militantes de organismos de derechos humanos.

Tras la lectura del requerimiento de extradición, la defensora planteó que se incorpore como prueba el informe sobre la RAM y el rol de Jones Huala en esa organización, que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó a finales de diciembre pasado en conferencia de prensa, junto a gobernadores de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Argumentó que es una prueba que corrobora la persecución política de la que es víctima Jones Huala. El fiscal se opuso porque recordó que los plazos vencieron para presentar las pruebas.

Tras un cuarto intermedio, el juez no admitió el pedido de la defensa.

Bagur Creta aclaró “que no nos encontramos ante un juicio penal donde podríamos a llegar a discutir la autoría. Acá no se busca imponer una pena a nadie”.

Señaló que “es un simple procedimiento” que tiene relación con la ley de cooperación internacional vigente desde 1933 a la que adhirió Argentina y Chile. Aclaró que se trata de un procedimiento para demostrar la procedencia de la extradición.

Acusación

“Acá el señor Jones Huala ha recibido una acusación del fiscal de Río Bueno (Chile) y una petición de un tribunal para que se lo lleven a Chile”, indicó el fiscal. Señaló que se trata de una ley donde impera el principio de territorialidad.

Recordó que la justicia de Chile lo reclama a Jones Huala para juzgarlo por cuatro delitos, aunque consideró que sólo dos son procedentes de acuerdo a la ley penal argentina. Por eso, Bagur Creta destacó: “No estamos persiguiendo ciegamente”.

Explicó que para que proceda la extradición el delito atribuido tiene que tener una pena superior al año de prisión. En este caso, el fiscal de Río Bueno pretende por lo menos 12 años de prisión para Jones Huala en un eventual juicio.

Afirmó que los delitos atribuidos a Jones Huala “no pueden ser nunca un delito político”. “Tememos el delito de un incendio que no se ve que sea un ataque directo al Estado”, observó.

Y afirmó que a la familia que le quemaron la casa la noche del 9 de enero de 2013, en un campo de Río Bueno, “le arruinaron la vida”.

Encapuchados

Es anoche un grupo de tres encapuchados armados, y gritando proclamas mapuches, sorprendieron a la familia de un cuidador de un campo. Los desconocidos ataron a cinco hombres y amedrentaron a las mujeres y niños. Después, retiraron elementos de valor de la casa y la quemaron. Antes de irse, robaron los celulares, pincharon una cubierta de un automotor y efectuaron tiros al aire.

El Estado chileno ha demostrado que se trata de delitos comunes”, aseguró Bagur Creta.

Recordó

El fiscal sostuvo que “no existen condiciones de persecución política o racial o étnica por la cual no proceda la extradición”. La defensora planteó todo lo contrario.

“Casi tenemos la convicción que la sentencia estaría escrita y este proceso es un maquillaje para cumplir con una decisión tomada”, afirmó la defensora. “Estamos frente a una persecución política, judicial y cultural”, enfatizó.

Ivanoff recordó que los imputados que fueron juzgados en Chile por el incendio en el campo Pisu Pisué y la tenencia de las armas de fabricación casera fueron absueltos por el tribunal oral penal de Valdivia. Planteó que por efecto extensivo “no existe un caso con la relevancia necesaria para movilizar al Estado” como para una extradición. Por eso, pidió que debe rechazarse la pretensión del Estado chileno.

“No tengo nada que ver con lo de Pisu Pisué”, afirmó Facundo Jones Huala, que ejerció su derecho a declarar y reivindicó los actos de recuperación de territorio. Sostuvo en todo momento que es víctima de una persecución política. “Soy militante del Movimiento Mapuche Autónomo Puel Mapu”, afirmó.
“He sido combatiente en algún momento de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como también fue combatiente de la Coordinadora Arauco Malleco. Participé en actos de autodefensa y también estuve involucrado en algunas situaciones de sabotaje; no en la que se me adjudica en este caso específico”, aseguró ante el juez.
Criticó la investigación judicial de Chile y denunció que obtuvieron pruebas ilegales para imputarlo.
“¿Si no es un juicio político por qué tanta prensa?”, planteó.
“No nos dejan ser mapuches. No podemos entrar a nuestros territorios sagrados. Ellos (por los latifundistas) sí pueden correr el alambre, matar”, denunció. “Vamos a defender nuestra tierra cueste lo que sea”, aseguró.
Pidió un diálogo político serio. “Es culpa de ambos gobiernos (de Chile y de Argentina) que no hay diálogo”, sostuvo.
Sabotajes
“Por eso es que he reivindicado los sabotajes porque no nos dejan otra alternativa”, puntualizó. “No se atreve a bajar a hablar con nosotros ni (Patricia) Bullrich, ni Macri, ni Bachelet, ni Piñera. Y tampoco Cristina”, lamentó. Cargó varias veces contra Bullrich.
“Nosotros hemos construido todo esto (por Bariloche) y no se nos reconoce nada”, sostuvo en referencia a los mapuches que son albañiles.
“No somos terroristas. ¿Dónde están los explosivos?, ¿dónde están los muertos? Los muertos somos nosotros”, señaló. “Aquí no hay terroristas hay un pueblo harto que se defiende con lo que hay”, alegó.
“Yo no maté a nadie. No tengo ningún hecho de sangre. El hecho que se me imputa creo que llega a daño”, afirmó. Por eso, insistió que se trata de un juicio político y señaló el desmesurado operativo de seguridad que montó el gobierno nacional.
¿Por qué no se mide con la misma vara? Aquí hay asesinatos y no hay ningún prefecto ni un gendarme detenido”, advirtió. “Quiero que me presenten a quién maté. Tal vez algún piche, alguna bandurria. Porque por el momento no recuerdo haber matado a nadie”, sostuvo.
Y agradeció el traslado cómodo y rápido desde Esquel. “Nunca hubiese viajado en helicóptero por nuestra condición humilde. Muchas gracias”, ironizó. Hubo risas que rompieron el protoloco impuesto por el Poder Judicial federal.
“No me importa morir por mi pueblo o ser encarcelado por mi gente”, aseguró. “En esta tierra va a seguir naciendo sangre mapuche y nos vamos a seguir organizando de ambos lados de la Cordillera”, anunció.
Santiago y Rafa
Recordó a Santiago Maldonado y sostuvo que se trata de un crimen de Estado. Se emocionó al recordar a Rafael Nahuel, que fue asesinado de un tiro en la espalda. Y también dijo que es un crimen de Estado. “Sepanlo bien. Los que están afuera van a seguir combatiendo”, enfatizó.
“La resistencia mapuche ha renacido y no importa si nos matan o no, la resistencia mapuche continuará hasta recuperar nuestras tierras”, indicó. Y citó a Fidel Castro y a Ghandi. “Como dijo Fidel la historia me absolverá”, sostuvo.
“Esto va a trascender y va a seguir trascendiendo y está en sus manos (mirando al juez Villanueva) la oportunidad histórica de empezar un proceso de reparación con tantos vejámenes, reprimendas con nosotros que estamos dispuestos a una mesa de diálogo seria. No mentiras. Necesitamos la tierra, nos estamos muriendo como pueblo”, denunció.
“A mi gente, no se amedrenten, no se detengan, no se dejen vencer hasta el último día de nuestras vidas. Tenemos que morir con la dignidad que nos parieron nuestras madres, somos la Nación mapuche que pude convivir con otros estados que si esos estados no son capaces de conversar, el conflicto va a seguir, porque son los estados con sus malas políticas los que generan la violencia”, afirmó Facundo Jones Huala.
Los delitos de uno y otro lado de la Cordillera
El fiscal federal Jorge Bagur Creta explicó que el Código Penal de Chile impone como mínimo 10 años de prisión por el delito de incendio en lugar habitado y entre 3 y 10 años de cárcel por la tenencia de arma de fabricación casera (tumbera).
Indicó que el Código Penal argentino reprime el delito de incendio con una pena desde los 3 hasta los 10 años de prisión. Mientras que la tenencia de arma de fabricación casera, que se considera de guerra en Argentina, la escala va desde los 2 hasta los 6 años de prisión.
Por eso, el fiscal desestimó la prescripción de la acción penal de los delitos tanto si se toma en cuenta la legislación de Chile como la de Argentina.
Bagur Creta desestimó extraditar a Jones Huala por los delitos de posible tenencia de cartuchos de escopeta calibre 12 y por haber entrado a Chile de manera clandestina infringiendo la ley de extranjería del vecino país, porque no son conductas delictivas en Argentina.
Recordó que el incendio a una vivienda del campo Pisu Pisué ocurrió la noche del 9 de enero de 2013, en Río Bueno, provincia de Los Ríos, Chile.
Mientras que el allanamiento donde secuestraron las armas de fabricación casera y las municiones sucedió el 30 de enero de 2013.

9 de enero de 2013: incendio de la vivienda en el campo de Pisu Pisue, Chile.

30 de enero 2013: allanamiento en la casa de la machi Millaray Huichalaf, Chile. Detienen a Facundo Jones Huala.

Noviembre de 2014: Un tribunal de Valdivia, Chile, juzgo a los imputados por los delitos de incendio, la tenencia de las armas caseras y de municiones y el delito de encubrimiento. Sólo condenaron a 61 días de prisión condicional a la machi Millaray Huichalaf por el delito de encubrimiento. Jones Huala no fue juzgado porque escapó hacia la Argentina.

24 de febrero de 2015: el estado chileno hace el pedido de extradición.

6 de septiembre de 2016: se hace el juicio de extradición a Jones Huala, pero el juez federal de Esquel Guido Otranto resolvió declarar la nulidad del pedido de extradición y manda al archivo la solicitud. Ordena que Jones Huala recupere la libertad

13 de octubre de 2016: el subprocurador Eduardo Ezequiel Casal sostiene el recurso que la fiscal federal de Esquel había promovido ante la Corte Suprema para revocar la decisión del juez Otranto.

3 de agosto de 2017: La Corte Suprema confirmó la nulidad del pedido de extradición que había resuelto Otranto.

27 de junio de 2017: gendarmes detienen a Jones Huala en un control vehicular en el puesto de río Villegas, en la Ruta Nacional 40.

28 de febrero de 2018: segundo juicio de extradición contra Jones Huala.

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